En España, el delito de alzamiento de bienes está regulado en el artículo 257 del Código Penal. Este precepto sanciona a quienes ocultan, transfieren o sustraen su patrimonio con el objetivo de eludir el pago de deudas o evitar el cumplimiento de obligaciones económicas. La amplitud de su redacción requiere una interpretación detallada, ya que puede abarcar desde la venta fraudulenta de bienes hasta la simulación de insolvencia.

Por ello, es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado en delitos económicos, con amplio conocimiento de la jurisprudencia y los criterios aplicados por los tribunales. La correcta interpretación del artículo 257 es clave para la defensa en estos casos, ya que es necesario analizar cada situación en función de la intencionalidad del deudor, la existencia de acreedores legítimos y la relación con otros delitos como la estafa o la insolvencia punible.

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