Atentado contra la autoridad: qué es, penas y diferencias con otros delitos

El delito de atentado contra la autoridad se encuentra regulado en el Código Penal español y tiene como objetivo proteger el respeto hacia el principio de autoridad y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Este delito es considerado uno de los más graves dentro del marco de los delitos contra el orden público, y su comisión conlleva severas penas dependiendo de las circunstancias del caso. Si necesitas asesoramiento legal, puedes consultar con abogados penalistas especializados para obtener una defensa adecuada.

¿Qué se considera atentado contra la autoridad?

El atentado contra la autoridad incluye conductas como agredir, intimidar gravemente o resistirse activamente de manera grave frente a una autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, siempre que estos se encuentren en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Según el artículo 550 del Código Penal, estas conductas pueden incluir:

• Acometer: Embestir físicamente contra la autoridad o funcionario público. Por ejemplo, intentar atropellar a un agente de policía con un vehículo.
• Intimidación grave: Amenazar de forma seria a una autoridad o funcionario en el desempeño de sus funciones. Si este tipo de amenaza se da fuera del ámbito público, puede ser relevante consultar sobre delitos relacionados con amenazas.
• Resistencia activa grave: Oponerse a la acción de los agentes de forma violenta, como empujar o golpear durante una detención.

Desde 2015, se consideran también sujetos protegidos los funcionarios docentes y sanitarios en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué se entiende por autoridad y funcionario público?

El Código Penal define “autoridad” como aquella persona que ejerce mando o jurisdicción propia, ya sea de forma individual o como miembro de algún órgano colegiado. En cuanto a los funcionarios públicos, se incluyen aquellos que realizan funciones públicas mediante disposición legal, elección o nombramiento por una autoridad competente.

Además, el artículo 554 extiende esta protección a otros colectivos como:

• Miembros de las Fuerzas Armadas en servicio y uniformados.
• Bomberos y personal sanitario en situaciones de emergencia.
• Personal de seguridad privada debidamente identificado que coopere con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

¿Cuáles son las penas por atentado contra la autoridad?

Las penas por atentado contra la autoridad varían según las circunstancias y la gravedad del caso:

Tipo básico

El tipo básico de atentado contra la autoridad se castiga con:

• Prisión: De 1 a 4 años si la víctima es una autoridad.
• Multa: De 3 a 6 meses.
• Prisión: De 6 meses a 3 años si la víctima es un agente o funcionario público.

Tipo agravado

El artículo 550.3 del Código Penal contempla penas más severas (prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses) cuando el atentado se dirige contra determinadas autoridades, como:

• Miembros del Gobierno.
• Diputados, senadores o miembros de corporaciones locales.
• Jueces, magistrados o fiscales. 

Modalidad agravada

El artículo 551 establece penas superiores en grado cuando el atentado se comete bajo circunstancias específicas, como:

• Uso de armas o objetos peligrosos.
• Actos violentos que pongan en peligro la vida o causen lesiones graves. En casos donde se produzcan lesiones, es importante considerar la posibilidad de asesorarse con especialistas en delitos de lesiones graves.
• Uso de vehículos de motor en la agresión.
• Incidentes colectivos en centros penitenciarios.

Actos preparatorios

El artículo 553 del Código Penal castiga los actos preparatorios como la provocación, conspiración y proposición para cometer atentados con una pena inferior en uno o dos grados respecto al delito principal.

Diferencias con otros delitos

El delito de atentado contra la autoridad puede confundirse con otros delitos relacionados, pero existen diferencias claras:

• Resistencia: Si la resistencia es activa pero no grave, se considera delito de resistencia. Si es pasiva y leve, podría tratarse de un delito de desobediencia o incluso una infracción administrativa. Si necesitas información sobre este tipo de situaciones, puedes consultar con abogados de coacciones.
• Lesiones: Si durante el atentado se causan lesiones, estas se sancionan de forma independiente, acumulándose a la pena por atentado.
• Desórdenes públicos: El atentado contra la autoridad en una manifestación violenta podría ser considerado desorden público si no se cumplen los requisitos del acometimiento o la resistencia grave.

La clave para diferenciar estos delitos radica en la gravedad de la conducta y el contexto en el que se produce.

Requisitos para configurar el delito

Para que se configure un delito de atentado contra la autoridad, la jurisprudencia exige ciertos elementos:

• Sujeto pasivo: Debe ser una autoridad, agente o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
• Contexto: El ataque debe estar vinculado al desempeño de las funciones públicas de la víctima.
• Forma del ataque: Debe incluir acometimiento, uso de fuerza, intimidación grave o resistencia activa grave.
• Conocimiento: El agresor debe ser consciente de la condición de autoridad o funcionario público de la víctima.

Estos requisitos aseguran que se proteja el principio de autoridad y se penalicen las conductas que lo menoscaben. Si te encuentras en una situación relacionada con estas cuestiones, contar con el asesoramiento de abogados penalistas puede ser fundamental para garantizar tus derechos.

¿El atentado contra la autoridad se aplica solo a las autoridades públicas en funciones?

No necesariamente. El delito también puede aplicarse si la agresión, intimidación o resistencia grave está motivada por las funciones que la autoridad, agente o funcionario público desempeña, incluso si en ese momento no se encontraban ejerciéndolas activamente. Esto incluye agresiones debido a represalias por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué ocurre si el agresor no sabía que estaba atacando a una autoridad o funcionario público?

Para que se configure el delito de atentado contra la autoridad, es necesario que el agresor tenga conocimiento de la condición de autoridad o funcionario público de la víctima. Si el agresor no sabía ni podía razonablemente saberlo, podrían aplicarse otros tipos penales en lugar del atentado contra la autoridad.

¿Cómo se determina si la resistencia es grave o no para calificar como atentado contra la autoridad?

La gravedad de la resistencia se evalúa según el nivel de fuerza, violencia o amenaza utilizada contra la autoridad, agente o funcionario público. Si la resistencia es meramente pasiva o de baja intensidad, podría considerarse como desobediencia o resistencia leve, pero no como atentado contra la autoridad.

¿Es posible recurrir una condena por atentado contra la autoridad?

Sí, una condena por atentado contra la autoridad puede ser recurrida, como cualquier otra sentencia penal. Para ello, se debe presentar un recurso ante la instancia judicial correspondiente, argumentando errores en la valoración de las pruebas, interpretaciones jurídicas incorrectas o cualquier otra irregularidad procesal que afecte la sentencia.