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Delitos contra los derechos de los trabajadores
Soy Alejandro Seoane Pedreira, abogado penalista con una sólida trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales de las personas en el ámbito penal. Uno de los ámbitos más sensibles y complejos que abordo en el despacho es el de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Este tipo de delitos representa una agresión directa a la dignidad laboral, y puede tener consecuencias devastadoras tanto para los afectados como para quienes los cometen. En esta sección, explico en profundidad qué implica este tipo de infracción penal y cómo puedo ayudarte a actuar con firmeza si te ves envuelto en una situación de este tipo.
¿En qué consiste el delito contra los derechos de los trabajadores?
El delito contra los derechos de los trabajadores se produce cuando un empresario, directivo, encargado o persona con poder dentro de la estructura empresarial impone condiciones de trabajo ilegales o vulnera derechos fundamentales del trabajador, como la igualdad, la seguridad, la integridad o el acceso a prestaciones sociales. Son conductas dolosas, es decir, el autor actúa de forma consciente, con pleno conocimiento del daño que está generando, y aprovechándose normalmente de la necesidad o situación de inferioridad del empleado.
Estos delitos afectan a bienes jurídicos colectivos —como la libertad sindical, la salud laboral o la regularidad del sistema de Seguridad Social— pero tienen un impacto directo en la vida y la dignidad de cada trabajador afectado. Es por eso que el Código Penal los trata como infracciones graves, que exigen intervención judicial y penal con la ayuda de un abogado penalista, no solo laboral o administrativa.
Penas y consecuencias legales
Las penas que puede imponer un tribunal penal por este tipo de delitos dependen del hecho concreto y su gravedad, pero en general se encuentran entre:
Prisión de 6 meses a 6 años, según el tipo penal.
Multas de 6 a 12 meses, con importes proporcionales a la capacidad económica del condenado.
En casos de personas jurídicas (empresas), pueden imponerse penas de disolución, suspensión de actividades, cierre de locales o prohibición de contratar con el Estado.
Además, quien sea condenado por estos delitos puede enfrentarse a:
Responsabilidad civil derivada del delito, con obligación de indemnizar al trabajador o trabajadores perjudicados.
Inhabilitación para ejercer actividades empresariales o directivas.
Consecuencias reputacionales y sanciones administrativas adicionales, en paralelo al proceso penal.
Agravantes y atenuantes
Existen circunstancias que agravan o atenúan la responsabilidad penal en estos casos. Tenerlas en cuenta puede ser clave en la estrategia de defensa o acusación.
Principales agravantes:
Uso de violencia, amenazas o intimidación para imponer condiciones o silenciar al trabajador.
Aprovechamiento de la situación de necesidad, pobreza o indefensión de la víctima.
Cometer el delito con ánimo de lucro, utilizando estructuras empresariales ficticias.
Afectar a un grupo numeroso de trabajadores, o causar daños especialmente graves (por ejemplo, accidentes por falta de medidas de seguridad).
Posibles atenuantes:
Colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.
Reparación del daño antes del juicio (pago de salarios adeudados, alta en la Seguridad Social…).
Reconocimiento de los hechos y actitud de arrepentimiento, siempre que sea voluntaria y creíble.
Asuntos y servicios relacionados
Trabajadores obligados a actuar como autónomos cuando en realidad existe una relación laboral directa.
Empresas que no registran legalmente al trabajador, privándolo de sus derechos sociales.
Empleo de personas sin permiso de residencia o trabajo, muchas veces en condiciones precarias.
Trato desigual en base a género, religión, ideología, orientación sexual o situación personal.
Conductas hostiles y reiteradas en el entorno laboral que deterioran la salud física o psicológica del trabajador.
Omisión dolosa de los protocolos necesarios para proteger la integridad del empleado.
Obligación de trabajar más horas de las permitidas, sin compensación ni descanso adecuado.
Incumplimiento sistemático de las condiciones pactadas en los convenios aplicables.
Actuaciones para impedir, condicionar u obligar la participación en una huelga.
Represalias contra quienes ejercen sus derechos o denuncian irregularidades.
Ceses arbitrarios que ocultan represalias o intentos de evitar indemnizaciones.
Condiciones extremas de trabajo con grave vulneración de los derechos básicos.
Uso de empresas ficticias para desviar responsabilidades sobre las condiciones de trabajo.
Captación y empleo de trabajadores mediante engaño o condiciones degradantes.
Encadenamiento de contratos irregulares para evitar la contratación fija.
¿Cómo podemos ayudarle?
Asesoramiento legal
El legislador ha configurado los delitos contra los derechos de los trabajadores en el Código Penal como un conjunto de conductas que afectan gravemente a la legalidad laboral, como la imposición de condiciones ilegales, el fraude a la Seguridad Social o la discriminación en el empleo.
Defensa en juicio
La complejidad de estos delitos exige una defensa penal especializada, ya que es fundamental valorar las pruebas, el contexto laboral y los posibles agravantes o atenuantes.
Estrategia jurídica
En los delitos contra los derechos de los trabajadores, están en juego la dignidad, la seguridad y los derechos fundamentales. Una estrategia penal eficaz puede ser determinante en el proceso.
Defensa penal por delitos de delitos contra los trabajadores
Alejandro Seoane Pedreira ejercerá su defensa ante cualquier tribunal español
- Juzgados de Instrucción
- Juzgados de lo Penal
- Audiencias Provinciales
- Tribunales Superiores de Justicia
- Audiencia Nacional
Beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
Experiencia como abogado penalista
Más de 12 años dedicados al derecho penal y a los delitos contra los trabajadores
Especialización
Su especialización como abogado penalista en delitos contra los trabajadores le garantizará la mejor defensa posible en un asunto penal de este tipo.
Servicio personalizado
Aplicación radical de "menos es más". Personalmente trabaja con pocos clientes para poder ofrecer un servicio ultrapersonalizado.
Otros beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
Compromiso y discreción
Desde el primer momento hasta la resolución del procedimiento, le garantizo compromiso absoluto, dedicación total y máxima confidencialidad. Enfrentar una acusación por delitos contra los derechos de los trabajadores puede tener consecuencias muy serias, tanto personales como profesionales. Mi objetivo es proteger sus intereses y diseñar una defensa penal sólida, eficaz y adaptada a su situación.
Zonas de actuación
Dispongo de despachos operativos en Madrid y Galicia, desde donde coordino la defensa penal en casos relacionados con la vulneración de derechos laborales. Si necesita un abogado penalista especializado en delitos contra los derechos de los trabajadores en Madrid o busca asesoría legal en A Coruña para este tipo de procedimientos, puedo ofrecerle una representación firme, técnica y resolutiva.
Despacho en Madrid
Despacho en Galicia
Abogado especialista en delitos contra el trabajador
El delito contra los derechos de los trabajadores engloba un conjunto de conductas ilícitas que vulneran sus condiciones laborales, con el objetivo de obtener una ventaja empresarial indebida o perjudicar sus derechos fundamentales.
Contrate la mejor defensa penal
Como abogado penalista especializado en delitos contra los derechos de los trabajadores, analizaré su caso en profundidad y trazaré una estrategia de defensa sólida y personalizada. Cada situación —ya sea por condiciones laborales ilegales, fraude a la Seguridad Social o discriminación— requiere un enfoque específico basado en las pruebas y la normativa penal aplicable.
Si se enfrenta a una acusación por este tipo de delito, contar con un abogado experto es esencial para garantizar su derecho de defensa y lograr el mejor resultado posible en el procedimiento penal.
Preguntas frecuentes de algunos clientes
Los delitos contra los derechos de los trabajadores engloban conductas como la imposición de condiciones laborales ilegales, el fraude a la Seguridad Social o la discriminación en el empleo. Por su gravedad y consecuencias penales, es fundamental contar con un abogado penalista con experiencia en este tipo de procedimientos.
Los honorarios dependen de la complejidad y el alcance del procedimiento penal. Una vez analizado el caso, le facilitaré un presupuesto personalizado, que se formalizará mediante hoja de encargo profesional si decide contratar mis servicios.
Le recomiendo recopilar toda la documentación relevante: contratos, nóminas, comunicaciones internas, citaciones, denuncias, informes médicos o cualquier prueba relacionada con la relación laboral y los hechos denunciados.
Estudiaré su caso con detalle para diseñar la estrategia de defensa o acusación más efectiva. Aunque el resultado dependerá de múltiples factores, mi objetivo será siempre proteger sus derechos y alcanzar la mejor resolución posible.
El tiempo dependerá del tipo de delito, la carga del juzgado y las pruebas existentes. En cualquier caso, le proporcionaré una estimación orientativa del calendario procesal y le acompañaré durante todo el procedimiento.