Compliance penal: qué es, para qué sirve y cuándo aplicarlo en tu empresa

En los últimos años muchas empresas se han encontrado, casi de un día para otro, con un nuevo reto: además de vender, producir y competir, deben demostrar que hacen las cosas bien para no enfrentarse a un procedimiento penal. Ya no basta con “confiar” en que nadie cometa un delito dentro de la organización; hoy se exige prever, prevenir, detectar y reaccionar. A eso responde el compliance penal, una herramienta clave para proteger a la empresa, a sus administradores y a sus trabajadores frente a delitos económicos, de corrupción, contra los trabajadores, medioambientales, informáticos, etc.

Contar con un programa de cumplimiento normativo penal bien diseñado puede marcar la diferencia entre que la empresa sea condenada (con multas millonarias o incluso su disolución) o quede exenta de responsabilidad. Por eso es esencial entender qué es el compliance penal, para qué sirve y cuándo es realmente necesario implantarlo en tu negocio.

Qué es el compliance penal y para qué sirve en la práctica

Cuando hablamos de compliance penal nos referimos al conjunto de políticas, procedimientos, controles internos y cultura corporativa que una empresa implanta para asegurar que su actividad se ajusta al Código Penal y para prevenir la comisión de delitos en su seno. Es, en esencia, un sistema organizado para evitar que la empresa (o las personas que actúan por ella) cometa delitos o se beneficie de ellos.

La expresión anglosajona compliance significa “cumplimiento”, y en el ámbito empresarial se traduce como “cumplimiento normativo”. Dentro de este concepto amplio (que incluye protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, normas laborales, medioambientales, etc.), el compliance penal es el área que se centra específicamente en evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica y de sus directivos. De ahí que, para muchas empresas, la pregunta clave sea: Compliance penal: ¿qué es y para qué sirve? Sirve, fundamentalmente, para que la empresa pueda demostrar que ha hecho todo lo razonable para evitar delitos y, con ello, reducir o incluso llegar a excluir su responsabilidad penal.

Relación entre compliance penal y responsabilidad penal de la empresa

Desde la reforma del Código Penal de 2010, y sus posteriores modificaciones, en España las empresas pueden ser penalmente responsables por determinados delitos cometidos por:

• Sus representantes legales o administradores.
• Personas con poder de organización y control dentro de la empresa.
• Empleados sometidos a su autoridad, cuando se beneficie directa o indirectamente la empresa y exista un fallo grave de supervisión o control.

En estos supuestos, el artículo 31 bis del Código Penal permite que la persona jurídica quede exenta o atenuada en su responsabilidad si demuestra que contaba con un modelo de organización y gestión eficaz para prevenir delitos del tipo cometido. Ese modelo es, precisamente, el programa de compliance penal. Por eso, en la práctica, el compliance penal es un auténtico “salvavidas” jurídico para la empresa.

Marco legal del compliance penal en España

El núcleo normativo del compliance penal se encuentra en el artículo 31 bis del Código Penal. Esta disposición establece:

• En qué casos la persona jurídica puede ser penalmente responsable.
• Qué requisitos debe cumplir un modelo de prevención de delitos para que pueda eximir o atenuar esa responsabilidad.
• Las características básicas del sistema de control interno que la empresa debe implantar.

Además del Código Penal, existen estándares y referencias técnicas, como la norma ISO 37301 (sustituta de la antigua ISO 19600) sobre sistemas de gestión de compliance, y la ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno. Aunque no son normas penales, sirven como guía para diseñar programas de cumplimiento alineados con las mejores prácticas internacionales, algo muy valorado por jueces, fiscales y peritos cuando analizan si el modelo de prevención de delitos era realmente eficaz.

Delitos más habituales vinculados al compliance penal

El compliance penal no se limita a un tipo de ilícito. Afecta a un amplio abanico de delitos que con frecuencia aparecen en el ámbito empresarial, entre otros:

• Delitos económicos (estafa, administración desleal, insolvencias punibles, blanqueo de capitales).
• Delitos de corrupción (cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios).
• Delitos contra los trabajadores (infracciones graves en materia de seguridad laboral, explotación de trabajadores).
• Delitos medioambientales (vertidos ilegales, emisiones contaminantes, gestión irregular de residuos).
• Delitos informáticos (acceso ilícito a sistemas, daños informáticos, fraude informático).
• Delitos contra el patrimonio (apropiación indebida, daños, robo o hurto vinculados a la actividad empresarial).

Por eso, contar con un programa de cumplimiento penal sólido es especialmente relevante en sectores: construcción, logística, industria, tecnología, sanidad privada, servicios financieros, etc., donde la probabilidad de que aparezcan riesgos penales es mayor.

Beneficios concretos del compliance penal para tu empresa

Más allá de cumplir con la ley, el compliance penal aporta ventajas muy tangibles. No es un mero “papel” para guardar en un cajón, sino una herramienta que protege a la compañía, a sus socios y a sus directivos.

En términos prácticos, un programa de cumplimiento penal bien implantado puede:

• Evitar multas penales que pueden alcanzar cifras elevadísimas, especialmente en delitos económicos, de corrupción o medioambientales.
• Prevenir la disolución de la empresa, una de las penas más graves que contempla el Código Penal para personas jurídicas.
• Reducir el riesgo de inhabilitaciones para contratar con la Administración o para obtener subvenciones públicas, algo clave para muchas empresas en Madrid y Galicia.
• Mejorar la reputación corporativa frente a clientes, proveedores, entidades bancarias y socios inversores.
• Fortalecer la cultura ética interna, reduciendo conflictos, fraudes internos y rotación de personal.

Impacto del compliance penal en un procedimiento judicial

Cuando se abre una causa penal contra una empresa, los jueces y fiscales analizan si existía un modelo de prevención de delitos y, sobre todo, si era real y efectivo. Es decir, si no se trataba de un mero documento formal, sino de un sistema vivo y operativo.

En un proceso por delitos económicos, corrupción, delitos contra la Hacienda Pública o contra los trabajadores, por ejemplo, la existencia de un compliance penal robusto puede servir para:

• Solicitar la exención de responsabilidad de la persona jurídica, si se cumplen todos los requisitos del artículo 31 bis.
• Lograr una importante atenuación de la pena, en caso de que se aprecien defectos pero el modelo haya contribuido a detectar el delito o a mitigar sus efectos.
• Negociar con mayor fuerza una conformidad o acuerdo con Fiscalía, reduciendo el impacto penal y reputacional.

En este contexto, la asistencia de un abogado penalista con experiencia en compliance resulta esencial para defender adecuadamente a la empresa.

Elementos clave de un programa de compliance penal eficaz

Un buen programa de cumplimiento penal no se improvisa. Debe construirse sobre una base sólida, adaptada al tamaño, sector y estructura de la empresa. El Código Penal, la práctica judicial y las normas técnicas apuntan a una serie de elementos imprescindibles.

Entre ellos, destacan:

• Análisis y mapa de riesgos penales específicos de la empresa.
• Protocolos internos claros sobre cómo se toman y ejecutan decisiones relevantes.
• Controles financieros y contables que impidan desvíos de fondos o pagos ilícitos.
• Canales de información y denuncia seguros y confidenciales.
• Sistema disciplinario interno para sancionar incumplimientos.
• Formación continua a directivos y plantilla.
• Revisión y actualización periódica del programa.

El papel del compliance officer en la empresa

Una figura central en todo este sistema es el compliance officer o responsable de cumplimiento. Puede ser una persona interna, un departamento o, en algunos casos, un profesional externo, pero siempre debe contar con:

• Autonomía de iniciativa y control, tal y como exige el artículo 31 bis.
• Conocimientos especializados en derecho penal económico, derecho de empresa y gestión de riesgos.
• Acceso directo al órgano de administración de la compañía.

Entre sus funciones habituales se encuentran:

• Supervisar el funcionamiento del programa de compliance penal.
• Detectar y evaluar nuevos riesgos penales.
• Coordinar la formación interna y la comunicación de las políticas de cumplimiento.
• Recibir y gestionar las comunicaciones o denuncias internas sobre posibles irregularidades.
• Proponer mejoras y actualizaciones del sistema de prevención de delitos.

En empresas medianas y grandes es cada vez más habitual que el compliance officer trabaje en estrecha colaboración con el departamento jurídico y con un despacho de abogados penalistas externo, especialmente cuando se trata de delitos complejos como corrupción, delitos informáticos o delitos medioambientales.

Fases para implantar un modelo de compliance penal según el Código Penal

El artículo 31 bis del Código Penal establece, de forma orientativa, las fases básicas que debe seguir un programa de cumplimiento penal. Estas etapas pueden adaptarse a la realidad de cada empresa, pero suelen seguir una estructura similar.

Identificación de riesgos penales en la empresa

El primer paso es realizar un análisis de riesgos penales adaptado a la actividad concreta de la empresa. No es lo mismo una pyme de servicios en A Coruña que una constructora con obras públicas en Madrid, ni una startup tecnológica que una industria química.

En esta fase se analizan, por ejemplo:

• Relaciones con la Administración pública (contratos, licencias, subvenciones) que puedan generar riesgos de corrupción.
• Procesos de contabilidad y tesorería donde puedan producirse estafas, apropiaciones indebidas o blanqueo de capitales.
• Condiciones de seguridad y salud laboral, para evitar delitos contra los trabajadores.
• Gestión de residuos y emisiones, para prevenir delitos medioambientales.
• Uso de sistemas informáticos y protección de datos, para reducir el riesgo de delitos informáticos.

El resultado suele plasmarse en un mapa de riesgos penales, donde se asigna a cada área un nivel de riesgo (alto, medio, bajo) y se diseñan medidas específicas de prevención.

Protocolos, controles financieros y sistema disciplinario

Una vez identificados los riesgos, se elaboran protocolos y procedimientos internos que concreten cómo deben actuar directivos y empleados en las áreas sensibles. Ejemplos:

• Protocolos para la contratación con proveedores (verificación de su integridad, cláusulas anticorrupción, controles de conflicto de intereses).
• Procedimientos para la aprobación de pagos (doble firma, límites cuantitativos, segregación de funciones).
• Normas claras sobre regalos, invitaciones y hospitalidad para evitar cohechos o tráfico de influencias.

En paralelo, se implantan modelos de gestión de recursos financieros que impidan desvíos de fondos o pagos opacos. Esto incluye:

• Contabilidad transparente y trazable.
• Registros detallados de operaciones sensibles.
• Prohibición de cuentas paralelas o “cajas B”.

Finalmente, el sistema debe completarse con un régimen disciplinario interno que contemple sanciones proporcionadas (amonestaciones, suspensiones, incluso despido disciplinario) ante incumplimientos graves de las políticas de compliance. Sin consecuencias reales, el programa pierde credibilidad y eficacia.

Cuándo es obligatorio o recomendable implantar compliance penal

En España no existe, de forma general, una ley que obligue a todas las empresas a implantar un programa de compliance penal. Sin embargo, en la práctica, hay muchos supuestos en los que es altamente recomendable e incluso, de facto, casi imprescindible.

Es especialmente aconsejable contar con un modelo de cumplimiento penal cuando:

• La empresa tiene cierto tamaño (medianas o grandes), con estructuras complejas y múltiples departamentos.
• Opera en sectores regulados (sanitario, financiero, seguros, energía, transporte, residuos, etc.).
• Mantiene contratos frecuentes con Administraciones públicas de Madrid, A Coruña u otras entidades.
• Realiza operaciones internacionales o maneja volúmenes importantes de efectivo o transferencias.
• Desarrolla actividades con alto impacto medioambiental o con riesgos laborales significativos.

Obligaciones sectoriales y expectativas de mercado

Aunque el Código Penal no impone un modelo concreto, algunas normativas específicas sí exigen mecanismos de prevención que, en la práctica, se articulan a través de programas de compliance penal y de compliance general. Por ejemplo, en materia de:

• Prevención del blanqueo de capitales para determinados sujetos obligados.
• Protección de datos y seguridad de la información.
• Seguridad y salud en el trabajo en sectores de riesgo.

Además, cada vez es más habitual que grandes clientes, entidades financieras o inversores exijan a sus socios comerciales disponer de un programa de cumplimiento normativo penal como condición para contratar o financiar proyectos, especialmente en entornos empresariales dinámicos como Madrid y su área metropolitana.

Relación del compliance penal con otros ámbitos del derecho penal

El compliance penal no actúa de forma aislada. Se conecta con distintos ámbitos del derecho penal que pueden afectar de forma directa a la empresa y a sus directivos, y que requieren la intervención de un abogado penalista con experiencia.

Algunos de los vínculos más relevantes son:

• Delitos económicos en el ámbito empresarial: fraudes, estafas, administración desleal, blanqueo de capitales. El compliance penal ayuda a estructurar controles financieros y contables que reduzcan estos riesgos.
• Delitos de corrupción: cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios. Los programas de cumplimiento establecen políticas claras de integridad y relación con el sector público.
• Delitos contra los trabajadores y sus derechos: infracciones graves en prevención de riesgos laborales, explotación laboral. El compliance penal conecta con la gestión de la seguridad y las condiciones de trabajo.
• Delitos medioambientales: vertidos, emisiones, gestión de residuos. El modelo de cumplimiento incorpora procedimientos de control ambiental.
• Delitos informáticos: accesos ilícitos, daños a sistemas, fraudes online. El compliance se integra con la seguridad de la información y la ciberseguridad.

Importancia del asesoramiento penal especializado

Diseñar e implantar un programa de compliance penal que realmente sirva para prevenir delitos y para proteger a la empresa en un procedimiento penal requiere un conocimiento profundo del derecho penal económico y de empresa. No se trata solo de elaborar manuales internos, sino de:

• Interpretar correctamente el alcance de los delitos aplicables a la actividad de la empresa.
• Anticipar cómo valoran los tribunales los modelos de organización y gestión.
• Integrar el compliance penal con la defensa en caso de apertura de diligencias penales.

Por ello, es recomendable que las empresas que quieran implantar o revisar su programa de cumplimiento cuenten con el apoyo de un abogado penalista especializado en compliance penal, capaz de adaptar el modelo a la realidad concreta de la organización y a los riesgos penales propios de su sector.