![Alejandro Seoane Pedreira [Abogado Penalista ] [ Gestión Patrimonio Inmobiliario ]](https://seoanepedreira.com/wp-content/uploads/2022/11/transparent-File.png)
Los accidentes ferroviarios con víctimas mortales plantean cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad penal de instituciones, gestores y empresas implicadas en la explotación y mantenimiento de la red. En España, episodios recientes como el accidente de Adamuz (Córdoba) —que causó 45 muertos y numerosos heridos— y la actualización jurisprudencial del accidente de Angrois (Galicia, 2013) han reabierto el debate sobre cómo se aplica el Derecho penal en estos siniestros.
En este artículo, explicamos de forma clara cómo funciona la responsabilidad penal en siniestros ferroviarios en España, qué se sabe del caso Adamuz y cómo el último fallo sobre Angrois influye en la comprensión jurídica de este tipo de tragedias.
1. ¿Qué ocurrió en Adamuz?
El 18 de enero de 2026, en la provincia de Córdoba, un tren de alta velocidad de la operadora Iryo descarriló en el término municipal de Adamuz, colisionando segundos después con un tren Alvia que circulaba en sentido contrario.
Este choque múltiple fue uno de los accidentes ferroviarios más graves en España en décadas y dejó un balance trágico de al menos 45 personas fallecidas y multitud de heridos, varios de ellos graves.
1.1. Hipótesis sobre las causas
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado en sus informes preliminares que una fractura previa en la vía podría haber desencadenado el descarrilamiento, aunque este extremo aún debe confirmarse plenamente mediante análisis técnicos más exhaustivos.
Esta hipótesis, si se consolida, desplaza parte del foco de atención hacia la infraestructura ferroviaria y su mantenimiento, factores que pueden ser determinantes en la atribución de responsabilidad penal.
2. ¿Cómo se regula la responsabilidad penal en accidentes ferroviarios en España?
En nuestro país, la responsabilidad penal por accidentes ferroviarios se integra dentro de las normas generales del Código Penal, combinadas con criterios interpretativos de los tribunales. Las principales figuras penales que suelen entrar en juego son:
Homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave (arts. 142 y 152 del Código Penal): cuando una conducta negligente causa fallecimientos o daños físicos.
Delitos contra la seguridad en el transporte y contra los derechos de los trabajadores, si se vulneran normas específicas de seguridad operativa o de prevención de riesgos laborales.
La clave es que no todo accidente con víctimas da lugar directamente a responsabilidad penal: es necesario demostrar que existió una conducta negligente reprochable penalmente y que esa conducta fue la causa directa del daño.
3. El proceso penal tras un siniestro ferroviario
Cuando ocurre un accidente con víctimas, se desencadenan varias fases dentro del proceso penal:
3.1. Diligencias de investigación
El Juzgado competente suele abrir diligencias previas para determinar si hay indicios de delito. En Adamuz, el Juzgado de Montoro (Córdoba) ha recibido varias denuncias y querellas de víctimas, asociaciones y organizaciones, señalando a distintas entidades y personas como posibles responsables.
El objetivo inicial es recopilar pruebas, informes técnicos y declaraciones para decidir si se procede a la apertura de un procedimiento penal formal.
3.2. Peritajes técnicos y su relevancia
Los informes técnicos —en este caso, de la CIAF y, potencialmente, de peritos independientes— son esenciales para determinar la causa del siniestro y, posteriormente, vincularla a conductas concretas imputables penalmente. Sin esta conexión causal técnica‑jurídica, las imputaciones pierden fuerza en sede penal.
4. El precedente de Angrois y su reciente desarrollo jurisprudencial
Uno de los casos más relevantes previos al de Adamuz fue el accidente ferroviario de Angrois (Santiago de Compostela, 24 de julio de 2013), en el que murieron 79 personas y 143 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que circulaba a exceso de velocidad en una curva sin sistema ERTMS —un sistema de control automático de velocidad.
Este siniestro se convirtió en un hito jurídico porque planteó la responsabilidad penal compartida entre el maquinista y altos cargos del gestor de infraestructuras (ADIF).
4.1. Nueva sentencia: absolución del exdirector de seguridad de ADIF
Recientemente, la Audiencia Provincial de A Coruña dictó una resolución muy significativa en el caso Angrois. El tribunal ha absuelto al exdirector de Seguridad de ADIF, revocando así parte de la sentencia anterior que le imponía pena de prisión por homicidios y lesiones por imprudencia.
En contrapartida, se mantiene la condena de dos años y medio de prisión para el maquinista del tren, quien fue considerado autor de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave por no adecuar la velocidad en la curva donde se produjo el descarrilamiento.
El tribunal justificó la absolución de la alta dirección de ADIF con el argumento de que no se demostró que existiera una acción concreta que el exdirector estuviera obligado a realizar y que omitiera, ni que esa omisión fuera causal del descarrilamiento.
Esta decisión, que incluye el voto particular disidente de una magistrada, ha generado debate social y jurídico, ya que limita al ámbito individual la atribución de responsabilidad penal y cuestiona la extensión de la responsabilidad de cargos técnicos o directivos por omisiones en el diseño o supervisión de infraestructuras.
5. Qué implica esta evolución jurisprudencial
La sentencia sobre Angrois tiene importantes repercusiones doctrinales que pueden influir en la forma en que los tribunales españoles abordan la responsabilidad penal en accidentes ferroviarios:
5.1. Límite de la responsabilidad penal por omisión
La absolutoria del exdirector de ADIF refuerza la idea de que, en delitos de imprudencia grave por omisión, no basta con una simple falta genérica de supervisión: se exige demostrar que el acusado tenía un deber de actuar concreto, específico y eficaz para evitar el riesgo detectado y que su omisión fue causal directa del resultado.
5.2. Distinción entre responsabilidad técnica y penal
La sentencia también pone de manifiesto que la valoración técnica de riesgos o deficiencias no siempre se traduce directamente en responsabilidad penal. El mero hecho de que un sistema de seguridad no estuviera presente o se hubiera desconectado no necesariamente implica que la persona que lo autorizó incurrió en un delito, si no se prueba que su actuación era decisiva para evitar el siniestro.
5.3. Refuerza la necesidad de pruebas técnicas sólidas
Los fallos judiciales sobre Angrois y Adamuz evidencian la centralidad de los informes periciales independientes sobre causas técnicas, infraestructura y sistemas de seguridad, como base para valorar si hubo negligencia penal o no.
6. Conclusión: lecciones para el caso Adamuz y la responsabilidad penal en España
La tragedia de Adamuz vuelve a poner en primer plano la necesidad de una investigación técnica exhaustiva y transparente, así como un análisis jurídico claro sobre el alcance de la responsabilidad penal en siniestros ferroviarios.
Los hechos ocurridos en Angrois y su interpretación reciente por la Audiencia de A Coruña subrayan que:
La imprudencia grave individual sigue siendo una base sólida para imputar responsabilidad penal cuando existe una conducta negligente directamente vinculada al resultado.
La responsabilidad por omisión o falta de supervisión técnica exige pruebas más concretas de deber de intervención y de causalidad directa con el resultado dañino.
Los informes de organismos técnicos independientes y las pericias judiciales neutrales son cruciales para fundamentar cualquier acusación penal.
A medida que avance la investigación del caso Adamuz, será determinante observar cómo los tribunales articulan estas categorías jurídicas para identificar si hubo o no responsabilidad penal en los hechos, y si esta se limita a conductas individuales o se extiende a decisiones organizativas o de gestión.
