Qué es la libertad sexual y la indemnidad sexual en el derecho penal

En el ámbito del derecho penal, los conceptos de libertad sexual y indemnidad sexual son claves para entender cómo se protegen legalmente las relaciones sexuales, el consentimiento y, muy especialmente, a menores y personas con discapacidad. Estos términos no son solo teorías jurídicas: determinan qué conductas son delito, qué penas se imponen y cómo se protege a las víctimas en procesos penales en el ordenamiento jurídico español.

La libertad sexual en el derecho penal: qué significa realmente

La respuesta a la pregunta ¿Qué es la libertad sexual y la indemnidad sexual en el derecho penal? comienza por aclarar primero qué se entiende por libertad sexual. Este concepto es hoy el auténtico eje de los delitos sexuales en el Código Penal, especialmente tras la Ley Orgánica 10/2022, conocida como ley del “solo sí es sí”.

Concepto jurídico de libertad sexual

La libertad sexual es la facultad de cada persona de autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad. En términos sencillos, supone el derecho a:

• Decidir libremente si se quieren mantener o no relaciones sexuales.
• Elegir con quién, cuándo y cómo tener esas relaciones.
• Rechazar cualquier conducta sexual no deseada, sin sufrir presiones, intimidación o violencia.

Desde el punto de vista constitucional, la libertad sexual se conecta con:

• El derecho a la libertad en general.
• El libre desarrollo de la personalidad.
• La dignidad de la persona y el respeto a la intimidad.

Por eso, cuando el Código Penal castiga los delitos contra la libertad sexual, está protegiendo ese espacio íntimo en el que cada persona decide sobre su propio cuerpo, sin injerencias ni coacciones.

Cómo se traduce la libertad sexual en el Código Penal

Hoy, el Título VIII del Libro II del Código Penal se denomina “Delitos contra la libertad sexual” y comprende, entre otros:

• Agresiones sexuales (incluida la violación).
• Agresiones sexuales a menores de 16 años.
• Acoso sexual.
• Grooming o ciberacoso sexual a menores.
• Exhibicionismo y provocación sexual.
• Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.

El bien jurídico protegido en todos estos delitos es, de forma principal, la libertad sexual. Es decir, la capacidad de la víctima para consentir o no consentir una determinada conducta sexual. En adultos, el eje central es el consentimiento libre, consciente, expreso o claramente manifestado. En menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, entra en juego también la idea de desarrollo sano de la sexualidad, que se vinculaba a la llamada indemnidad sexual.

Qué era la indemnidad sexual y por qué fue tan relevante

Aunque la ley del “solo sí es sí” ha eliminado la mención expresa a la indemnidad sexual en el Código Penal, este concepto sigue siendo fundamental para comprender la protección penal de menores y personas con discapacidad.

Definición clásica de indemnidad sexual

Tradicionalmente, la indemnidad sexual se definía como el derecho de los menores de edad y de las personas con discapacidad que requieren especial protección a no sufrir interferencias en la formación de su sexualidad. No se trataba de “libertad” en sentido estricto (porque un menor no puede decidir libremente en el ámbito sexual como un adulto), sino de:

• Proteger su intacta formación sexual, sin abusos, manipulaciones ni presiones de adultos.
• Evitar que se adelanten, distorsionen o perviertan sus experiencias sexuales mediante conductas delictivas.
• Garantizar un desarrollo sexual sano, acorde a su edad y madurez.

En la práctica, la indemnidad sexual justificaba que determinados actos fueran delito aunque el menor aparentemente “consintiera”, porque se entendía que su voluntad no tenía la madurez suficiente para legitimar ese tipo de relaciones.

Ámbito subjetivo: a quién protegía la indemnidad sexual

La indemnidad sexual protegía especialmente a:

• Menores de edad, con especial atención a los menores de 16 años, que es la edad mínima de consentimiento sexual en España.
• Personas con discapacidad necesitadas de especial protección, cuya capacidad de comprender o decidir libremente en el ámbito sexual está limitada.

En estos casos, el foco ya no está tanto en la “libertad de decidir” (porque no se considera plena), sino en impedir cualquier intromisión en un proceso de desarrollo sexual que debe ser respetado y no instrumentalizado por terceros.

Relación entre libertad sexual e indemnidad sexual

La cuestión central al analizar ¿Qué es la libertad sexual y la indemnidad sexual en el derecho penal? es entender cómo se relacionan ambos conceptos y por qué la ley ha evolucionado hasta integrarlos.

Diferencias teóricas entre libertad sexual e indemnidad sexual

De forma esquemática, la doctrina solía distinguir:

Así, mientras la libertad sexual gira en torno al consentimiento válido, la indemnidad sexual se centra en la protección frente a cualquier intromisión, incluso cuando el menor parezca consentir.

La integración de la indemnidad sexual en la libertad sexual

Con el tiempo, una parte importante de la doctrina penal y de la Fiscalía General del Estado consideró que la indemnidad sexual no era un bien jurídico distinto, sino una fase de la libertad sexual en formación. Es decir:

• En los adultos, se protege la libertad sexual plenamente formada.
• En menores y personas con discapacidad, se protege esa misma libertad sexual, pero en un estado de desarrollo, donde es necesario reforzar la protección frente a terceros.

Por ello, la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022 suprime la referencia expresa a la indemnidad sexual, pero no deja desprotegidos a los menores. Lo que hace es reformular el sistema de manera que todo se entienda como protección de la libertad sexual, en sentido amplio, incluyendo su etapa de formación.

La ley del “solo sí es sí” y la desaparición formal de la indemnidad sexual

La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, ha supuesto un cambio profundo en la regulación de los delitos sexuales en España.

Cambios principales introducidos por la Ley Orgánica 10/2022

Entre las modificaciones más relevantes, destacan:

• Unificación de abuso y agresión sexual: desaparece el delito de abuso sexual como tipo autónomo y pasa a integrarse en la agresión sexual, graduando las penas según la gravedad de los hechos.
• Centralidad del consentimiento: solo hay relaciones sexuales lícitas cuando existe un consentimiento libre, afirmativo y claro. La mera ausencia de resistencia no equivale a consentimiento.
• Cambio de denominación del Título VIII: los “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales” pasan a denominarse simplemente “delitos contra la libertad sexual”.
• Desaparición de la referencia expresa a la indemnidad sexual en el Título VIII, aunque se mantiene la protección reforzada de menores y personas con discapacidad.

Todo ello se recoge y se interpreta a la luz de la Circular 1/2023 de la Fiscalía General del Estado, que aclara el alcance de la reforma y su aplicación práctica.

Por qué se elimina la mención a la indemnidad sexual

Según la doctrina y la propia Fiscalía, la eliminación de la referencia expresa a la indemnidad sexual responde a varios motivos:

• Se consideraba que la indemnidad sexual no tenía sustantividad propia frente a la libertad sexual, sino que era una manifestación de esta en su fase de formación.
• Se criticaba cierta visión ingenua o excesivamente paternalista de la minoría de edad, que podía chocar con la Constitución y con la realidad social.
• Se entendía que, a nivel práctico, la mención específica a la indemnidad sexual no era necesaria para mantener la protección penal de menores y personas con discapacidad.

La propia Circular 1/2023 subraya que la desaparición de la palabra “indemnidad sexual” del Título VIII del Código Penal no tiene efectos prácticos en la protección de las víctimas: los tipos penales, la interpretación jurisprudencial y las penas siguen garantizando una tutela intensa a menores y personas especialmente vulnerables.

Cómo se protegen hoy la libertad sexual de adultos y menores

Aunque la terminología haya cambiado, el derecho penal español mantiene un sistema muy severo de protección frente a los delitos contra la libertad sexual, tanto si la víctima es adulta como si es menor.

Protección de la libertad sexual de las personas adultas

En el caso de personas adultas, el eje central es el consentimiento. Hay delito cuando se realizan actos de carácter sexual:

• Sin consentimiento.
• Con violencia o intimidación.
• Aprovechando una situación de superioridad o vulnerabilidad.
• Sobre personas privadas de sentido o con la voluntad anulada por cualquier causa (por ejemplo, por consumo de sustancias).

Los tipos penales más relevantes son:

• Agresión sexual (art. 178 a 180 CP), que incluye desde tocamientos no consentidos hasta la violación.
• Acoso sexual (art. 184 CP), cuando se solicitan favores sexuales en un contexto laboral, docente o similar, creando un entorno hostil o humillante.

En todos estos casos, el bien jurídico protegido es la libertad sexual, entendida como capacidad de decidir libremente sobre la propia vida sexual.

Protección reforzada de menores y personas con discapacidad

En menores de 16 años y en personas con discapacidad necesitadas de especial protección, la ley parte de la idea de que el consentimiento no es plenamente válido o puede estar gravemente condicionado. Por eso, se castigan conductas como:

• Agresiones sexuales a menores de 16 años (arts. 181 a 183 bis CP), incluso cuando el menor aparentemente consiente.
• Exhibicionismo ante menores o personas con discapacidad (art. 185 CP).
• Difusión de pornografía entre menores o personas con discapacidad (art. 186 CP).
• Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (arts. 187 a 189 ter CP).

Aunque ya no se hable técnicamente de “indemnidad sexual” en el Título VIII, la finalidad de estas normas sigue siendo proteger el desarrollo sexual sano de estos colectivos, evitando cualquier forma de instrumentalización o abuso.

Delitos contra la libertad sexual: marco legal y tipos principales

Para entender completamente qué es la libertad sexual y la indemnidad sexual en el derecho penal, es necesario conocer cómo se estructuran los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal.

Regulación en el Código Penal

Los delitos contra la libertad sexual se regulan en el:

• Título VIII del Libro II del Código Penal: “Delitos contra la libertad sexual”.
• Artículos 178 a 189: recogen los distintos tipos delictivos (agresiones sexuales, acoso, exhibicionismo, prostitución, etc.).
• Artículos 190 a 194 bis: contienen disposiciones comunes aplicables a todos estos delitos (agravantes, responsabilidad de personas jurídicas, etc.).

Se trata de delitos dolosos, es decir, el autor actúa con conocimiento y voluntad de lesionar la libertad sexual de la víctima, o al menos asumiendo el riesgo de hacerlo.

Principales tipos de delitos contra la libertad sexual

Entre los tipos más relevantes se encuentran:

• Agresión sexual (arts. 178-180 CP): cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, con variantes agravadas (violación, actuación en grupo, especial vulnerabilidad de la víctima, etc.).
• Agresión sexual a menores de 16 años (arts. 181-183 bis CP): protección reforzada de menores, con penas superiores y escasas posibilidades de justificar la conducta.
• Acoso sexual (art. 184 CP): solicitud de favores sexuales en el marco de relaciones laborales, docentes o similares, generando un entorno intimidatorio, hostil o humillante.
• Exhibicionismo y provocación sexual (arts. 185-186 CP): exhibición obscena o difusión de pornografía ante menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
• Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (arts. 187-189 ter CP): castigo a quienes se lucran, obligan o favorecen la explotación sexual de adultos o menores, con especial dureza cuando las víctimas son menores.

En todos ellos, el eje común es la protección de la libertad sexual, en sentido amplio, tanto en su dimensión plena (adultos) como en su fase de desarrollo (menores y personas con discapacidad).

Importancia de un abogado penalista especializado en delitos sexuales

Los procedimientos penales por delitos contra la libertad sexual son especialmente complejos y sensibles. Afectan a derechos fundamentales, tienen una gran carga emocional y pueden acarrear penas de prisión muy elevadas, así como importantes indemnizaciones civiles.

Cuándo es imprescindible acudir a un abogado penalista

Tanto si se es víctima como si se está siendo investigado por un presunto delito sexual en Madrid, A Coruña o cualquier otro territorio español, es esencial contar con un abogado penalista con experiencia en delitos sexuales que conozca en profundidad:

• La evolución de la normativa (incluida la ley del “solo sí es sí”).
• La diferencia entre libertad sexual e indemnidad sexual y su impacto en la calificación jurídica.
• La jurisprudencia reciente sobre consentimiento, prueba y valoración del testimonio de la víctima.
• Las particularidades procesales en casos con menores o personas con discapacidad.

Una defensa técnica adecuada puede ser determinante a la hora de:

• Lograr la condena del agresor y una indemnización justa para la víctima.
• Evitar condenas injustas cuando los hechos no encajan en un tipo penal o existen dudas razonables.
• Reducir las penas mediante una correcta calificación jurídica y la apreciación de atenuantes.

Ámbitos territoriales de actuación

En el contexto de los delitos de libertad sexual y de las conductas que antes se encuadraban bajo la indemnidad sexual, la asistencia de un abogado penalista con experiencia en procedimientos por delitos sexuales y en acusaciones y defensas por delitos sexuales permite:

• Un conocimiento preciso del funcionamiento de los juzgados y tribunales penales de estas demarcaciones.
• Una mayor agilidad en la tramitación de denuncias, escritos de acusación o defensa y recursos.
• Un acompañamiento cercano y personalizado a víctimas y acusados durante todo el procedimiento penal.