Sustitución de prisión por expulsión: art. 89 CP explicado

Para muchas personas extranjeras y sus familias, una condena penal en España abre una segunda pregunta tan angustiosa como la propia pena: ¿implica también la expulsión del país? La respuesta está en el artículo 89 del Código Penal, que regula la sustitución de la pena de prisión por expulsión del territorio español. No es una figura automática ni un castigo añadido, sino una forma específica de ejecutar la condena que tiene reglas propias, excepciones importantes y una jurisprudencia del Tribunal Supremo que en 2025 ha marcado límites claros.

Qué es la sustitución de la pena de prisión por expulsión

La expulsión sustitutiva no es una pena distinta de la impuesta en sentencia, sino una forma de cumplimiento: en lugar de ingresar en prisión —o de cumplir la totalidad de la condena—, el penado extranjero es expulsado de España con una prohibición de regresar durante un periodo determinado.

Es importante no confundirla con la expulsión administrativa prevista en la legislación de extranjería (art. 57 de la Ley Orgánica 4/2000), que es una sanción acordada por la Administración con otro procedimiento y otras garantías. La sustitución del artículo 89 la decide siempre un juez o tribunal penal, dentro del proceso penal. El artículo 89.3 CP fija el momento: el tribunal resolverá en la propia sentencia siempre que sea posible y, en los demás casos, una vez firme, con la mayor urgencia y previa audiencia del Fiscal y las demás partes. Ese trámite de audiencia es decisivo, porque es donde la defensa puede alegar y probar las circunstancias personales del penado.

Cuándo procede la sustitución por expulsión

El artículo 89.1 CP contiene la regla general. Conviene leerlo en su literalidad para entender su alcance:

«Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español.»

Artículo 89.1 del Código Penal, redacción de la Ley Orgánica 1/2015

Penas de prisión de más de un año

La regla de partida es que las penas de prisión superiores a un año impuestas a un extranjero se sustituyen por la expulsión. Tres precisiones que suelen generar dudas:

• Solo penas de prisión. El precepto se refiere a la pena privativa de libertad, no a las multas ni a otras penas.
• El umbral es estricto. Debe ser de más de un año: una pena de exactamente doce meses queda fuera del artículo 89.
• Cumplimiento parcial. Excepcionalmente, el tribunal puede acordar que se ejecute una parte de la pena —nunca superior a dos tercios— y sustituir el resto por la expulsión, cuando sea necesario para la defensa del orden jurídico.

Penas superiores a cinco años

Cuando la pena supera los cinco años de prisión, o varias penas suman más de esa duración, el artículo 89.2 CP invierte el esquema: el tribunal acordará el cumplimiento de todo o parte de la pena y, solo después —cumplida la parte fijada, al acceder al tercer grado o al concederse la libertad condicional—, se sustituye el resto por la expulsión. En las condenas graves, por tanto, la expulsión no evita la prisión: la sigue.

El arraigo: cuándo la expulsión es desproporcionada

La principal válvula de escape del sistema está en el artículo 89.4 CP: la sustitución no procederá cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y de las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada. ¿Qué valora el tribunal como arraigo?

• Residencia prolongada y regular, con un proyecto de vida estable.
• Familia: cónyuge o pareja, hijos menores escolarizados, familiares dependientes a cargo.
• Trabajo y medios de vida: contrato, cotizaciones, actividad económica propia.
• Vivienda y vínculos sociales acreditados en la comunidad.

Quién debe probar el arraigo

Un punto decisivo, y frecuentemente mal entendido: el arraigo no se presume ni opera de oficio. El Tribunal Supremo lo ha reiterado en su sentencia de 15 de octubre de 2025 (recurso 2115/2023): las causas de arraigo deben ser alegadas por el interesado, único conocedor de ellas, a quien incumbe la carga de probarlas. La defensa debe acreditarlo documentalmente —empadronamiento, libro de familia, matrículas escolares, vida laboral, contratos— y ponerlo en relación con la gravedad del delito. Solo en caso de duda razonable operaría el principio in dubio pro reo. Precisamente por eso, anticipar la prueba antes de la vista es tan importante como en cualquier estrategia dirigida a evitar el ingreso efectivo en prisión.

Ciudadanos de la Unión Europea

Para los ciudadanos de la UE el régimen es mucho más restrictivo: la expulsión solo cabe cuando representen una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública. Y si han residido en España los diez años anteriores, únicamente en supuestos tasados: determinados delitos graves contra la vida, la libertad, la integridad física o la libertad e indemnidad sexuales con riesgo fundado de reiteración, y delitos de terrorismo o criminalidad organizada.

Qué dice la jurisprudencia reciente (2025)

Dos sentencias del Tribunal Supremo de octubre de 2025 son especialmente útiles para entender cómo se aplica hoy el artículo 89, porque marcan sus límites en dos direcciones opuestas.

No cabe expulsar cuando ya se ha cumplido buena parte de la pena

La STS 851/2025, de 16 de octubre (Rec. 10118/2025, ECLI:ES:TS:2025:4797), revocó la sustitución por expulsión de una pena de un año y tres meses por lesiones. El penado ya había cumplido dos tercios de la condena y solo le restaban cinco meses. El Supremo razona que, cuando la pena está prácticamente cumplida —a menudo por efecto de la prisión preventiva sufrida—, acordar la expulsión transformaría la sustitución en un incremento de la sanción: una acumulación sucesiva de prisión y expulsión que resulta una interpretación irrazonable del artículo 89.1 CP. Es una garantía relevante para quien ha pasado tiempo en prisión provisional durante la instrucción.

Ni automatismos ni impunidad en delitos graves

En sentido contrario opera la línea de la STS 982/2025, que avaló exigir el cumplimiento de dos tercios de la pena antes de la expulsión a un condenado por agresión sexual. La Sala Segunda insiste en que la expulsión no es un derecho del penado, sino una facultad del tribunal, sometida a criterios de proporcionalidad y prevención: no puede convertirse en un atajo hacia la impunidad en delitos de cierta entidad. Entre ambas resoluciones queda dibujado el equilibrio real del artículo 89: ni expulsión automática ni sustitución que vacíe de contenido los fines de la pena.

La prohibición de regreso y sus efectos

La expulsión sustitutiva lleva aparejada una prohibición de regresar a España de entre 5 y 10 años, contados desde la fecha de la expulsión, en función de la duración de la pena sustituida y de las circunstancias personales (art. 89.5 CP). Sus efectos van más allá de la frontera:

• Archivo de expedientes: la expulsión conlleva el archivo de cualquier procedimiento administrativo de autorización para residir o trabajar en España (art. 89.6 CP).
• Regreso anticipado: si el expulsado vuelve antes de tiempo, cumplirá las penas sustituidas, salvo que el juez, excepcionalmente, reduzca su duración por resultar ya innecesario el cumplimiento (art. 89.7 CP).
• Sorprendido en frontera: la autoridad gubernativa lo expulsa directamente y el plazo de prohibición vuelve a contarse desde cero.

Para asegurar la ejecución, el artículo 89.8 CP permite el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros. Y si la expulsión no puede materializarse, se ejecuta la pena original o el periodo pendiente, o se aplica, en su caso, la suspensión.

Penas de un año o menos y delitos excluidos

Las penas de prisión de hasta un año quedan fuera del artículo 89 CP: no se sustituyen por expulsión penal. El Tribunal Supremo lo ha confirmado expresamente. Se ejecutan o, lo más habitual en penados sin antecedentes, se suspenden conforme al artículo 80 CP, que permite dejar en suspenso las penas privativas de libertad no superiores a dos años. Para un extranjero condenado a seis u ocho meses, esta suele ser la vía de trabajo de la defensa.

Además, el artículo 89.9 CP excluye de la sustitución las penas impuestas por trata de seres humanos (art. 177 bis CP), los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 312 y 313 CP) y el favorecimiento de la inmigración ilegal (art. 318 bis CP). En estos casos la pena no puede sustituirse por la expulsión.

Qué hacer si te encuentras en esta situación

La defensa se mueve en dos direcciones según el interés real de cada persona. Quien tiene toda su vida en España necesita acreditar el arraigo y la desproporción de la expulsión; quien carece de vínculos puede preferir la expulsión antes que la prisión, planteando la sustitución íntegra y oponiéndose al cumplimiento parcial. En ambos escenarios son claves el momento procesal, la prueba documental y, en su caso, los recursos.

Dos cautelas que toda familia debe conocer: aunque el juez penal no acuerde la expulsión, la Administración puede valorar la situación de quien tiene antecedentes penales por la vía de extranjería; y esos antecedentes afectan a renovaciones de residencia y a la nacionalidad, por lo que interesa instar cuanto antes su cancelación una vez cumplida o remitida la pena.

En nuestro despacho estudiamos cada caso de forma individual y trabajamos para orientar la ejecución de la pena hacia el resultado menos gravoso para el penado y su familia. Si un familiar extranjero está condenado o pendiente de sentencia, puede solicitar una consulta confidencial con el equipo de Seoane Pedreira para analizar si procede la sustitución del artículo 89 CP y preparar la prueba de arraigo con tiempo. Puede consultar también el texto oficial del artículo 89 del Código Penal y la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia.