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Página: Abogados Compliance Penal en Inteligencia Artificial
La aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) ha cambiado las reglas del juego. Como abogado experto en Compliance Penal y nuevas tecnologías, sé que las empresas ya no pueden operar sistemas algorítmicos sin control. El Reglamento UE 2024/1689 no es una recomendación, es una norma de obligado cumplimiento que impone líneas rojas (prácticas prohibidas) y obligaciones estrictas para los sistemas de alto riesgo.
Si su empresa desarrolla, distribuye o utiliza IA (deployer), se enfrenta a un escenario de riesgos legales sin precedentes. El incumplimiento de estas normas no solo conlleva las multas más altas de la historia digital europea, sino que puede derivar en responsabilidad penal para los administradores por delitos de daños, discriminación o revelación de secretos debido a una falta de supervisión adecuada.
¿En qué consiste el Compliance Penal en IA y el AI Act?
El Compliance Penal en Inteligencia Artificial consiste en la identificación y gestión de los riesgos legales derivados del uso de algoritmos para evitar sanciones administrativas y condenas penales. El marco de referencia es la Ley de IA Europea (AI Act), que clasifica la tecnología según su nivel de peligro:
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IA de Riesgo Inaceptable (Prácticas Prohibidas): Sistemas que manipulan el comportamiento humano, explotan vulnerabilidades o realizan puntuación social (social scoring). Su uso es delito administrativo y puede ser penal.
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Sistemas de IA de Alto Riesgo: Infraestructuras críticas, formación, empleo (RRHH), servicios esenciales. Requieren una evaluación de conformidad, marcado CE y supervisión humana obligatoria.
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IA de Riesgo Limitado y Mínimo: Obligaciones de transparencia (ej. avisar de que se habla con un Chatbot o que un contenido es un Deepfake).
La AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial) será la encargada de vigilar el cumplimiento. Nuestra labor como abogados es asesorarle para determinar en qué categoría cae su software y defenderle ante expedientes sancionadores o investigaciones criminales por mal uso de la tecnología.
Penas y consecuencias legales del incumplimiento (AI Act)
El régimen sancionador del Reglamento Europeo es, posiblemente, el más severo del entorno digital, superando incluso al de Protección de Datos (RGPD):
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Multas por Prácticas Prohibidas: Hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual (la cuantía que sea mayor).
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Multas por incumplimiento de obligaciones (Alto Riesgo): Hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación.
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Suministro de información incorrecta: Hasta 7,5 millones de euros o el 1,5%.
Desde la óptica penal, ignorar estas normas elimina cualquier defensa de «diligent management». Si un sistema prohibido causa un daño, la empresa y sus directivos se enfrentan a responsabilidades por delitos imprudentes, estafas o delitos contra la integridad moral, con penas de prisión y la posible disolución de la compañía.
Agravantes y atenuantes en Sanciones de IA
Ante una inspección de la AESIA o un proceso judicial, la documentación es su defensa:
Agravantes: La reincidencia, la ocultación del funcionamiento del algoritmo (falta de explicabilidad), el no haber realizado la Evaluación de Impacto obligatoria o la afectación a colectivos vulnerables.
Atenuantes: Haber implementado medidas de supervisión humana eficaces, la existencia de una gobernanza de datos robusta, la colaboración proactiva en el Sandbox regulatorio y la demostración de una cultura de cumplimiento (formación y alfabetización en IA de los empleados).
Asuntos y servicios relacionados
Interpretación legal del Reglamento UE 2024/1689.
Asistencia en expedientes sancionadores de la Agencia.
Análisis jurídico: ¿Alto riesgo, limitado o prohibido?
Defensa legal de desarrolladores de software.
Defensa de empresas usuarias de sistemas IA.
Asesoramiento sobre líneas rojas legales en Europa.
Cumplimiento de obligaciones de información al usuario.
Definición de responsabilidades legales en el bucle de control.
Revisión de requisitos legales para Marcado CE.
Cumplimiento penal y protección de datos en el entrenamiento.
Mapa de delitos asociados al uso de la herramienta.
Detección de sesgos discriminatorios ilegales.
Responsabilidad por omisión en el control tecnológico.
Legalidad del reconocimiento facial y categorización.
Obligaciones de etiquetado de contenido sintético.
Cláusulas de responsabilidad civil y penal entre partes.
Integración de riesgos IA en el modelo general.
Riesgos legales en el uso de datos de terceros.
Protección jurídica del algoritmo frente a fugas.
Alfabetización en riesgos normativos de IA.
¿Cómo podemos ayudarle?
Asesoramiento legal
El calendario del AI Act ya está en marcha. Asesoramos a su empresa para entender sus obligaciones legales, los plazos de entrada en vigor y qué cambios jurídicos debe aplicar para evitar ser sancionado por la Oficina Europea de IA o las autoridades nacionales.
Defensa en juicio
Si su empresa recibe una notificación de sanción o inspección, ejercemos la defensa letrada impugnando la calificación del riesgo o la proporcionalidad de la multa, y protegiendo los intereses comerciales frente a la administración.
Estrategia jurídica
Analizamos si el uso de su tecnología puede constituir un delito. No se trata solo de la multa administrativa: le protegemos de responsabilidades penales derivadas de daños causados por decisiones automatizadas defectuosas o sesgadas.
Defensa penal y administrativa en Inteligencia Artificial
Alejandro Seoane Pedreira ejercerá su defensa ante cualquier tribunal español
- Juzgados de Instrucción
- Juzgados de lo Penal
- Audiencias Provinciales
- Tribunales Superiores de Justicia
- Audiencia Nacional
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Beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
Experiencia como abogado penalista
Alejandro Seoane combina la práctica del derecho penal con el estudio profundo de la nueva regulación digital europea. Entiende que el AI Act no es solo burocracia, sino la primera línea de defensa para evitar responsabilidades mayores.
Especialización
Conoce al detalle las obligaciones del AI Act y cómo se traducen en riesgos reales para la empresa. Su enfoque permite anticipar problemas que un abogado generalista no detectaría hasta que llega la sanción.
Servicio personalizado
Aplicación radical de "menos es más". La adaptación legal a la IA es crítica para el modelo de negocio. Ofrece un asesoramiento directo y exclusivo a la dirección para tomar decisiones legales con seguridad.
Otros beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
- Compromiso y Discreción: Desde un primer momento hasta la terminación de su caso, usted podrá percibir el compromiso, la entrega y la discreción de este experto es total. El objetivo será únicamente que usted salga airoso/a frente a las acusaciones contra usted o ayudando a que el culpable termine condenado/a.
- Zonas de actuación:Desde uno de sus despachos (Galicia y Madrid), concretamente desde el despacho de abogados penalistas en Madrid, ubicado en pleno barrio de Salamanca, el penalista trabaja y coordina junto con su equipo la defensa penal por delitos cometidos con Inteligencia Artificial y otros delitos relacionados (cibercrimen, estafas tecnológicas, etc.). Sin embargo, el área de actuación del penalista abarca cualquier juzgado o tribunal de España.
Despacho en Madrid
Despacho en Galicia
Abogado experto en AI Act y Compliance Penal
«La multa de 35 millones de euros del AI Act es una amenaza real, pero la responsabilidad penal es aún peor. Mi trabajo es asegurar que su innovación tecnológica no se convierta en su condena legal.»
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Preguntas frecuentes de algunos clientes
El Reglamento ya ha sido aprobado (2024). Las prohibiciones de prácticas inaceptables entran en vigor a los 6 meses, y las obligaciones para IA de alto riesgo tienen plazos de adaptación progresivos (24 meses generalmente). No hay tiempo que perder.
Sí. Aunque sea un sistema de propósito general, si lo integra en sus procesos, debe cumplir normas de transparencia, derechos de autor y formación de empleados (alfabetización en IA).
Deberá cumplir requisitos estrictos: tener un sistema de gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, registro en la base de datos de la UE, supervisión humana y marcado CE antes de salir al mercado.
Si la multa deriva en insolvencia o si hubo negligencia grave en la supervisión, los directivos podrían responder con su patrimonio o enfrentarse a inhabilitaciones.